NACIMOS COMO RESPUESTA, NOS DESARROLLAMOS COMO REFERENTES

¡NUESTRA PATRIA NECESITA VOLVER A SU SENDA DE ESPLENDOR!

Cada vez somos más los chilenos que a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional han respondido al llamado de promover una derecha responsable y sin complejos.

Únete al Partido Nacional Libertario para que juntos demos la batalla espiritual y cultural, para fomentar los valores que han querido arrebatarnos: la defensa de la vida, la libertad, la soberanía nacional, la propiedad privada, entre tantos otros. Protejamos a nuestra familia y al país que amamos.
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NUESTRA MISIÓN

Promover una sociedad en la que los derechos inalienables de cada persona, tales como la vida, la libertad, la dignidad y la propiedad, sean respetados y defendidos por un Estado limitado y al servicio de sus ciudadanos. Nos comprometemos a fortalecer la democracia, preservar nuestra identidad cultural y garantizar un entorno seguro y próspero, donde cada individuo y familia puedan desarrollarse plenamente en libertad y responsabilidad. Reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con las fuerzas armadas y de orden público como garantes de la paz y la seguridad que nuestra sociedad anhela recuperar.

NUESTRA VISIÓN

Visualizamos un Chile en paz y armonía, donde cada ciudadano vive con dignidad y libertad, bajo la protección de un Estado que respeta y garantiza sus derechos fundamentales. Aspiramos a una nación soberana y democrática, en la que el orgullo por nuestra identidad y patrimonio cultural se fortalece, y donde las fuerzas armadas y de orden público desempeñan un papel esencial en la recuperación y preservación de la paz. Buscamos construir un país seguro y justo, donde el mercado libre, el respeto y la responsabilidad compartida se conviertan en la base para el desarrollo pleno de cada persona y de toda la sociedad.

CONVENCIDOS DE NUESTROS PRINCIPIOS

Que el ser humano es de creación divina, es persona y, en consecuencia, detenta derechos inalienables anteriores y superiores al Estado, como la vida, la dignidad, la libertad, la propiedad privada y la búsqueda de su felicidad.

Reconocer estos derechos implica entender que el individuo es el centro y la razón de ser de la sociedad y del Estado. La función del gobierno no es otorgar estos derechos, sino respetarlos y protegerlos. Cuando estos derechos son garantizados, cada persona puede alcanzar su máximo potencial, vivir en libertad, y contribuir de manera significativa al bienestar común.

Que todos los seres humanos son creados iguales en dignidad, únicos y tienen derecho al mismo trato frente a la ley.

La combinación de dignidad, unicidad y trato igualitario ante la ley constituye el pilar de una sociedad donde cada persona puede vivir con respeto, justicia y libertad. Este principio no solo protege los derechos individuales, sino que también fomenta una convivencia armoniosa y una estructura social más inclusiva.

Que la vida humana inocente debe ser defendida, desde el momento de su concepción hasta la muerte natural.

Esto implica reconocer el valor inherente de cada persona y su derecho a vivir sin interferencias que amenacen su existencia. Se promueve una cultura de respeto y cuidado hacia la vida, rechazando cualquier acto que atente contra su dignidad en cualquier fase, ya sea en su inicio, desarrollo o final natural.

Que la familia conformada por un hombre, una mujer e hijos, es el núcleo fundamental y el corazón de nuestra sociedad, red natural de seguridad social y lugar de encuentro y acogida para cada una de las personas que la componen.

Este concepto subraya que la familia no solo es el lugar donde se origina la vida, sino también donde se transmiten los valores, la cultura y las tradiciones que fortalecen la identidad de una comunidad. La familia conformada por un hombre y una mujer e hijos, actúa como una red natural de seguridad social, ofreciendo apoyo y protección en momentos de necesidad, y funcionando como el primer espacio donde sus miembros encuentran amor, cuidado y formación.

Que defendemos el libre albedrío, en tanto y en cuanto este no signifique un acto de violencia arbitraria en contra del prójimo.

El libre albedrío es un derecho fundamental de cada persona para tomar decisiones de manera autónoma. Se reconoce que la libertad de elección es esencial para la dignidad y el desarrollo humano, siempre y cuando esta libertad no implique violencia o daño arbitrario hacia otros. Este principio respalda la idea de que la verdadera libertad conlleva responsabilidad, y que los actos individuales deben respetar la integridad y los derechos de los demás. Así, el libre albedrío es valorado como un medio para la convivencia pacífica y el respeto mutuo en la sociedad.

Que reconocemos la legítima defensa como un derecho, así como la posesión de los medios necesarios para ejercerla.

Este punto establece que la legítima defensa es un derecho fundamental que permite a las personas protegerse a sí mismas, a sus seres queridos y sus bienes cuando enfrentan una amenaza directa. Se reconoce que, para ejercer este derecho de manera efectiva, es legítimo que los ciudadanos tengan acceso a los medios necesarios para su defensa. Este principio enfatiza la importancia de la seguridad personal y la responsabilidad individual, promoviendo un entorno donde los individuos pueden sentirse seguros y respaldados en su derecho a defender su integridad ante situaciones de peligro.

Que el Estado es una creación humana que debe estar al servicio de la persona y el bien común.

El Estado es una institución creada por y para los seres humanos, cuyo propósito principal es servir a las personas y promover el bien común. No debe ser una entidad autoritaria o con intereses propios, sino una estructura que facilite el desarrollo integral de cada ciudadano, asegurando derechos y libertades individuales.

Que el Estado debe ser limitado en su poder y tamaño, para evitar su transformación en una amenaza contra los derechos humanos, civiles y políticos de quienes habitan su territorio.

El Estado debe ser limitado para prevenir que se convierta en una amenaza para los derechos humanos, civiles y políticos de la población. Este límite asegura que el gobierno opere de manera justa y eficiente, respetando la libertad individual y evitando abusos de autoridad.

Que el primer deber del Estado es garantizar la seguridad interior y exterior del país.

El Estado debe garantizar la seguridad de la nación, la protección y tranquilidad de todos sus ciudadanos, manteniendo el orden público, defendiendo sus fronteras y previniendo amenazas que puedan poner en riesgo la paz y la integridad del país. La seguridad interior implica la capacidad del Estado de asegurar un entorno donde los ciudadanos puedan vivir sin miedo a la violencia o al crimen, promoviendo leyes y políticas efectivas que refuercen la justicia y el orden social.

Que ninguna mayoría o forma de gobierno está facultada ni legitimada para reducir, cercenar o impedir el ejercicio de los derechos esenciales del ser humano.

Esto significa que ningún sistema político, por democrático que sea, ni ninguna mayoría de votantes tiene la legitimidad para restringir o eliminar los derechos fundamentales de las personas, tales como la libertad, la igualdad y la dignidad. Estos derechos existen para proteger a cada individuo, y deben permanecer inviolables e intocables bajo cualquier circunstancia.

Que condenamos el terrorismo, independiente de su origen o fin, así como toda violencia ilegítima como medio de acción política.

Esto implica que, aunque existan diferencias políticas o ideológicas, el diálogo, el respeto y las vías institucionales deben ser los únicos medios aceptables para resolver conflictos. El uso de la violencia para alcanzar fines políticos va en contra de los principios de justicia y convivencia pacífica, erosionando la legitimidad de cualquier causa y debilitando el tejido social.

Que reconocemos a Chile como una sola nación soberana, plena, independiente y que debe estar organizada como una República democrática, cuyos poderes estatales sean independientes entre sí.

Este punto afirma que Chile es una nación soberana, lo que significa que el país tiene la autoridad y autonomía para tomar sus propias decisiones sin interferencia externa. La soberanía implica que Chile tiene control pleno sobre su territorio, sus leyes y su gobierno, y que puede actuar de acuerdo con los intereses nacionales en el ámbito internacional.

Que defendemos los emblemas patrios, nuestro patrimonio material, medioambiental, histórico, cultural y la soberanía popular ejercida a través del sistema democrático. Por consiguiente, rechazamos todo aquello que lo debilite al servicio de intereses o poderes nacionales e internacionales.

Nuestro compromiso es proteger el patrimonio cultural e histórico de nuestra nación, reconociendo que estos elementos son la esencia de nuestra identidad y reflejan quiénes somos como pueblo. Creemos firmemente que el poder reside en la ciudadanía, y que el gobierno solo actúa con la autoridad que le otorgan los ciudadanos. Esta protección del patrimonio simboliza el respeto hacia nuestras raíces y hacia la voluntad de todos los chilenos.

Que reconocemos a nuestras Fuerzas Armadas como esenciales para la seguridad nacional, la defensa, unión e indivisibilidad territorial, como también a nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad como garantes fundamentales del orden y seguridad pública. Reconocemos su histórico aporte para preservar la libertad de los chilenos.

Reconocemos el rol fundamental de las Fuerzas Armadas de Chile en la preservación de la seguridad nacional, asegurando que el país esté preparado para enfrentar cualquier amenaza externa que pueda comprometer su soberanía o integridad. Las Fuerzas Armadas no solo representan la capacidad de defensa ante agresiones, sino que también simbolizan la fortaleza y cohesión de la nación, siendo un pilar de estabilidad y seguridad para todos los ciudadanos.

Que defendemos la libertad de pensamiento, expresión, información y culto, restringiendo únicamente su uso para llamar a la violencia física contra personas, cosas o su uso para calumniar o injuriar a las personas.

Valoramos profundamente las libertades que permiten a cada individuo expresarse, acceder a información y vivir de acuerdo con sus creencias. Sin embargo, creemos que estas libertades deben ejercerse de manera responsable. Por ello, rechazamos su uso para incitar al daño físico o para difamar a otros, ya que esto afecta la paz social y el respeto por cada persona.

Que defendemos el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus valores y principios, pudiendo escoger entre una variedad de proyectos educacionales.

Creemos que los padres tienen el derecho y la responsabilidad principal en la educación de sus hijos, ya que son ellos quienes mejor conocen sus necesidades y valores. Este derecho preferente les permite elegir una educación que refleje sus principios, dentro de una oferta variada de proyectos educativos. Respetar esta libertad contribuye a formar ciudadanos con identidad y sentido de pertenencia, promoviendo la diversidad en el sistema educativo.

Que defendemos el libre mercado frente a la injerencia estatal, privada o corporativa, que pretendan desnaturalizarlo.

Apoyamos un sistema de libre mercado en el que las fuerzas de oferta y demanda puedan operar sin interferencias que alteren su naturaleza. Creemos que el mercado debe mantenerse libre de intervenciones excesivas, ya sean estatales, corporativas o de intereses privados, que puedan distorsionar la competencia justa y afectar el desarrollo económico. Esta postura promueve la innovación, la eficiencia y el crecimiento, beneficiando tanto a consumidores como a emprendedores.

Que la Constitución Política de la República es la norma suprema y a ella deben sujetarse los demás cuerpos legales, incluidos los tratados internacionales.

Este principio asegura que todas las disposiciones legales estén en concordancia con los valores y fundamentos establecidos en la Constitución, garantizando así la coherencia y supremacía del ordenamiento jurídico nacional.

Que expresamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la democracia y el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos asegurados en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, y en las leyes.

Nos comprometemos a garantizar que cada derecho humano sea respetado, defendido y promovido, pues consideramos que la dignidad, la igualdad y la libertad son principios esenciales para la convivencia y el desarrollo de nuestro país. Este compromiso refleja nuestra responsabilidad de construir una nación donde todos puedan vivir con seguridad, respeto y oportunidad para alcanzar su máximo potencial.

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